lunes, 25 de enero de 2010

UNA MIRADA SOBRE LA REVOLUCIÓN DE 1943 Y EL PERONISMO

1943:
La posición política del presidente Ramón S. Castillo se había consolidado. Como ya se ha advertido, continuaba en una rígida línea conservadora con apoyo del nacionalismo y desestimando toda posibilidad de retorno radical.
Desde el punto de vista ideológico, el enfrentamiento a su gobierno se debía a su política exterior, que se fortalecía manteniendo la neutralidad argentina y persiguiendo cierto equilibrio internacional inalcanzable, resistido tenazmente por los Estados Unidos. En cierto sentido, el oficialismo no creía necesaria una ruptura con el Eje y continuaba con los suministros de materias primas que le requería Gran Bretaña. 
A partir de la muerte de Alvear, casi simultánea a la de Ortiz, ocurrida a mediados del año anterior, la oposición también había quedado sin líder nacional.
La gestión de Justo para lograr el apoyo concreto de las diferentes parcialidades opositoras tampoco pudo verificarse, ya que en enero de 1943 murió repentinamente. Nada parecía entorpecer al electoralismo oficialista.
Castillo no temía tampoco una interferencia de las Fuerzas Armadas; los oficiales del Ejército se alineaban en tres frentes:
-Los justistas, vinculados con el ex-presidente Justo, que reclamaban el liderazgo en cuestiones políticas.
-Los nacionalistas, muchos de ellos simpatizantes de las fuerzas del Eje, sin vocero único.
-Los profesionalistas o apostólicos, ocupados en sus tareas específicas.
En marzo de 1943, se constituyó una logia militar especialmente difundida entre los coroneles, que cumpliría un papel importante en los sucesos del 3 y 4 de junio siguientes. Se identificó bajo la sigla GOU: Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación (según distintas fuentes). Estaba integrado por un sector de orientación nacionalista, influenciado por ideas de derecha, y por un buen porcentaje de oficiales pragmáticos que intentaban desarrollar una política económica que permitiera elevar a la Argentina al liderazgo del área latinoamericana.
La encabezaban dos Tenientes Coroneles: Miguel A. Montes y Urbano de la Vega, además de Juan Carlos Montes, Agustín de la Vega, Emilio Ramírez, Aristóbulo Mittelbach y Arturo Saavedra, entre otros.
El grupo nació con las premisas de:
-Atender a la necesidad de alcanzar la organización y unidad.
-Prevenir la insurgencia comunista.
-Evitar la presión de los Estados Unidos, que buscaba que Argentina se sumara al esfuerzo de guerra aliado contra el Eje.
-Considerar el riesgo que significaba la intromisión de políticos en la unidad profesional.
-Atender al bienestar de la Patria y al de las Fuerzas Armadas.
-No anteponer ambiciones personales.
Su acción se vio precipitada por algunos proyectos oficiales que, de concretarse, atentarían contra aquellos principios. Las operaciones se encauzaron en dos sentidos:
-Interno: resistir la candidatura a presidente de la Nación del salteño Robustiano Patrón Costas, digitada por Castillo.
-Externo: lograr que la política exterior quedara bajo la influencia del Ejército.
Con la candidatura de Patrón Costas y la del radical anti-personalista Manuel Iriondo como vicepresidente, Castillo buscaba la prolongación de la concordancia conservadora y la imposibilidad del retorno al poder de los radicales ortodoxos.
En cuanto a la política exterior, el candidato mantenía una posición flexible y confusa, aunque habría manifestado opiniones favorables a los aliados. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor, General Pierrestegui, sostenía la necesidad de arribar prontamente a un acercamiento con los Estados Unidos, hecho que permitiría una adecuada provisión de armamentos.
El malestar con la política oficial se extendía en el seno del Partido Conservador, inconsulto acerca de otros posibles candidatos, y en las filas de las Fuerzas Armadas.
El sector nacionalista del Ejército estimaba que el poder en manos del conservadorismo no garantizaba tampoco la seguridad en materia de defensa y, más aún, podía hacer que se arribara a una ruptura con el Eje.
De triunfar a través del sufragio libre y legal, la Unión Democrática, integrada por el frente popular pro-aliado, conduciría al país a tomar participación en la guerra.
Esas reflexiones y numerosas entrevistas con los políticos fueron creando el clima propicio para un golpe de estado.
Algunas conexiones con el poder a través del Capitán Francisco Filippi, sobrino del General Pedro P. Ramírez, a la sazón ministro de Guerra, o del Capitán Enrique P. González, intermediario entre el GOU y la oposición, habían reforzado la capacidad persuasiva del grupo.
A su vez, la Unión Cívica Radical, desconfiando de la concordancia oficialista, a meses de los comicios hizo escuchar voces de atención. Sin embargo, en mayo algunos de sus dirigentes le ofrecieron al ministro de Guerra la candidatura presidencial.
Estos dirigentes no desconocían la posición nacionalista del General Ramírez, aunque consideraban factible un acercamiento a sus filas. Además, de aceptar éste, tendrían la seguridad de unas elecciones sin fraude.
A instancias del Presidente, que había sido informado oportunamente por su ministro, el 1 de junio, el General Ramírez debió hacer una enérgica declaración condenando dicho ofrecimiento. De todas formas, Castillo le solicitó la renuncia a su cargo.
El requerimiento presidencial generó críticas en el ámbito político e indignación en el castrense, que se sentía vulnerado por lo que entendía como una actitud despótica por parte del presidente Castillo.
La conspiración se desencadenó. La fracción nacionalista de las Fuerzas Armadas y las figuras prominentes del GOU pasaron a la acción, encabezadas por el General Ramírez. En busca de un jefe militar con comando directo de tropa, el Ministro se puso en contacto con el General Arturo Rawson, quien venía preparando un movimiento con apoyo de algunos jefes de la Marina.
En la noche del 3 al 4 de junio, Rawson presidió una reunión en la Escuela de Caballería, en la que logró plegar a la revolución a 15 oficiales superiores de las principales unidades e institutos militares de Campo de Mayo. Dos de ellos, los Coroneles Emilio Ramírez y Eduardo Ávalos, pertenecían al GOU.
En aquellas deliberaciones se aprobó el plan de Rawson para deponer al presidente Castillo en la madrugada del día 4, imponiéndose como objetivos:
-Impedir nuevas elecciones fraudulentas.
-Respetar los compromisos internacionales, es decir, el Pacto de Río de Janeiro, que implicaba la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje.
El Coronel Elbio Anaya, jefe de la Guarnición Campo de Mayo, asumió la jefatura de las fuerzas que marcharon sobre Buenos Aires sin hallar oposición.
El General Rawson asumió como presidente provisional; sin embargo, la falta de apoyo de los coroneles de la Fuerza lo llevó a renunciar 48 horas después.
Fue reemplazado por el General Pedro Ramírez, quien inició su mandato presidencial secundado por el General Edelmiro Farrell como ministro de Guerra y por el Coronel Juan Domingo Perón como jefe de esa Secretaría. Ramírez permaneció en el cargo hasta el 24 de febrero de 1944.
Desde el punto de vista orgánico, se produjeron varias novedades importantes.
Fue creada la 7ma División, con asiento en la provincia de Corrientes, al igual que algunos destacamentos de montaña en el sur.
El 29 de julio, considerando como una necesidad establecer para la Aeronáutica Nacional una dirección común que asegurara una labor armónica y unidad de criterios, el Presidente decretó que la Dirección General de Aeronáutica Civil pasase a depender del comandante de Aviación de Ejército.
El 4 de agosto, se creó el Comando en Jefe del Ejército y la Dirección General de Instrucción del Ejército. Se creó, además, el Comando General de Regiones Militares, dependiente del Comando General del Interior.
Por el mismo decreto, se disolvieron la Inspección General del Interior y la Dirección de Institutos Militares. El Comando del Interior se denominaría en lo sucesivo Comando General del Interior. Se aprobó con carácter reservado la Organización de Paz del Ejército y las relaciones de dependencia de los organismos que la integraban. Se le otorgó al comandante en jefe del Ejército la siguiente misión:
-Durante la paz, preparación del Ejército para la guerra.
-Durante la guerra, conducción del Ejército de Campaña.
A fines de ese año, Perón fue nombrado Director del Departamento Nacional del Trabajo, pronto convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

1944:
Por un decreto presidencial del mes de enero, ante la evidencia de una vasta red de espionaje, imputable a los gobiernos del Eje, en territorio argentino, se rompieron las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón.
Frente a la oposición interna que mereció esa resolución por parte de algunos sectores civiles nacionalistas del interior y de los oficiales integrantes del GOU, el Coronel Juan D. Perón se manifestó abiertamente a favor de la política presidencial.
Sin embargo, el 23 de febrero, el Coronel Perón y sus camaradas declararon disuelto el GOU y con ello los jefes superiores del Ejército se liberaron del juramento de apoyo al presidente Ramírez.
Al día siguiente, el Presidente, sin respaldo militar, pidió al General Farrell la renuncia a su cargo de ministro de Guerra.
Ese mismo día, Perón reunió a los coroneles de las guarniciones de Campo de Mayo, Buenos Aires y El Palomar en la Secretaría de Trabajo. De esas deliberaciones surgió una generalizada oposición al Presidente. Las agitadas discusiones continuaron durante el resto de la jornada y, por último, en la madrugada del día 25, en su propia residencia, Ramírez delegó el mando en el General Farrell.
Esa medida dilatoria no aplacó los enfrentamientos en el seno de la Fuerza. En el mes de marzo, el General Orlando Peluffo, comandante de la 3ra División, con asiento en Paraná, logró que los oficiales superiores de las otras guarniciones, a fin de asegurar la unidad del Ejército, apoyaran su iniciativa de nuclearse en torno a Farrell y Perón, en contra de Ramírez. Pero, en esos días, el Presidente renunció.
El golpe interno llevó a la presidencia de la Nación al General Edelmiro Farrell. El 4 de mayo, el Coronel Perón fue designado ministro de Guerra; sin duda, un cargo de enorme importancia, que constituía una vía de acceso a la primera magistratura, como probaba que Ramírez hubiera sido ministro de Castillo y Farrell, de Ramírez.
Por el decreto Nro. 13.939, del 31 de mayo, se creó el Consejo Nacional de Defensa, con amplias facultades, entre las que figuraba la organización de departamentos consagrados a los fines de la defensa en los diferentes ministerios.
Se inauguró en la Universidad de La Plata la cátedra de Defensa Nacional. El ministro de Guerra, Coronel Perón, explicó en una conferencia la Doctrina de la Defensa Nacional, partiendo del concepto de "Nación en Armas" y de la necesidad de lograr una autosustentación económica que permitiera disponer de una industria pesada propia.
En junio, se presentó el prototipo del primer tanque mediano de origen nacional, el "Nahuel", diseñado por el Teniente Coronel Alfredo Baisi, dándose así un paso significativo hacia el autoabastecimiento de armas. Sin embargo, ese impulso fue interrumpido durante la inmediata postguerra debido a la compra de abundante material de rezago, lo cual, por motivos económicos, llevó a que se suspendiera su proyectada fabricación en serie.
Como ministro de Guerra, Perón se ocupó de expandir y equipar a las Fuerzas Armadas, además de ampliar las bases de la industria estratégica de acuerdo con el persistente reclamo del sector.
En ese año, se dictó el decreto Nro. 29.375, que reducía en forma sustancial el tiempo mínimo de servicio para obtener el grado inmediato superior en todos los niveles.
Perón había obtenido la confianza de sus camaradas. No obstante, puso a consideración de la opinión militar su programa político, buscando apoyo y apelando a los valores profesionales del sector. De ahí que en los primeros mensajes dirigidos a los trabajadores exaltara las virtudes de fortalecer la unidad nacional, la solidaridad social y el orden socio-económico. A la vez, condenaba en forma terminante la acción de los "agitadores sindicales" e "ideólogos extranjeros". 

1945:
Perón era el hombre de confianza del presidente Farrell, a quien éste recurría para consulta y asesoramiento; más aún, en junio de 1945, Farrell nombró a Perón vicepresidente de la República, con retención de sus otras dos funciones.
Desde ese cargo, Perón ubicó en posiciones clave a hombres de su confianza como el Coronel Domingo Mercante y el Contralmirante Alberto Teissaire.
En ese año los gastos militares argentinos superaban, sumados, los de Chile, Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Absorbieron el 43,3% del presupuesto, equivalente a un 6% del P.B.I., aunque el país no había podido adquirir equipos militares en el exterior.
El cuerpo de oficiales aumentó en un 40% y el Ejército dispuso del mayor número de efectivos de su historia: 138.000 hombres, de los cuales 104.000 eran conscriptos.
La Aeronáutica se organizó como fuerza autónoma, separándose del Ejército.
En esta institución se inició un importante proceso de modernización, en el que se destacó el pasaje del estadio hipomóvil hacia la motorización. Se aprovecharon experiencias de la Segunda Guerra Mundial y se incorporaron los blindados. Se adquirieron 211 "Sherman", 150 "Crusaders", 7 "Centauro" y 3 tractores para municiones, que permitieron crear la 1ra División Blindada y el Destacamento de Exploración Mecanizada.
Además, fue establecido un destacamento de monte con despliegue sobre Misiones y el Chaco.
En política exterior, el equipo de gobierno encabezado por Farrell y Perón se había apartado del estricto neutralismo que podía haber perjudicado al país, dado que, al inicio de 1945, la caída del Reich era inminente.
Estados Unidos, de todos modos, continuó manteniendo diplomáticamente aislada a la Argentina, a fin de presionar a sus líderes para que definieran una estrategia claramente favorable a su causa.
Entre el 21 de febrero y el 8 de marzo, se reunió en Chapultepec, México, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz. Una de las resoluciones adoptadas se refería a nuestro país, ya que si éste aceptaba declarar la guerra al Eje, podría ser una de las naciones firmantes del Acta de Chapultepec y reanudar las relaciones diplomáticas normales con los países americanos.
El 27 de marzo, el gobierno argentino declaró la guerra a Alemania y Japón. Pese a ello, Estados Unidos, por recomendación de su embajador en el país, continuó manteniendo las restricciones a la venta de armamentos a la Argentina. Recién a mediados de 1948, el General Humberto Sosa Molina, en su carácter de ministro de Guerra, efectuó las primeras compras de armas en aquel país.
Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética convocaron una "Conferencia de las Naciones Unidas", a realizarse en San Francisco (Estados Unidos) el 25 de abril de 1945, con el objeto de mantener la paz y la seguridad. La Conferencia de San Francisco aprobó la "Carta de las Naciones Unidas", que se proponía ser una constitución universal, basada en principios compartidos que evitaran una tercera guerra mundial. La carta fue firmada por 51 países, que se convirtieron en los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Entre ellos figuraba la Argentina.
En el marco de referencia de los acontecimientos que ese año pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, crecía en nuestro país la oposición al gobierno militar por parte de aquéllos que ponían en duda su neutralidad y consideraban que ésta encubría solidaridad con las potencias totalitarias derrotadas. La reacción se generalizó el 19 de septiembre de 1945 con una "Marcha de la Constitución y la Libertad" que habría concentrado a unas 200.000 personas. El objetivo era forzar la renuncia del gobierno militar e instalar otro de transición hasta tanto asumieran las autoridades surgidas de los comicios convocados para febrero de 1946.
La oposición, políticamente heterogénea, integró la Unión Democrática y recibió el activo apoyo del embajador norteamericano, Spruille Braden.
Las distintas agrupaciones políticas advirtieron cambios significativos producidos durante el gobierno militar entre 1943 y 1945:
Los partidos políticos fueron disueltos por decreto.
Las universidades fueron intervenidas.
Los viejos sindicalistas recelaban de las concesiones hechas a los trabajadores. 
El Estatuto del Peón, que daba al hombre de campo beneficios similares a los otorgados a los obreros, era resistido por una parte importante del sector rural.
Después de aquella manifestación, se ahondaron las divisiones dentro del gobierno y se produjo un cambio de actitud hacia el sector militar.
El General Rawson, que había participado de la marcha, debió comparecer ante un tribunal de honor en el Ministerio de Guerra. Fue absuelto y partió a Córdoba, donde fue detenido el 26 de septiembre, cuando intentaba sublevar a las tropas. El mismo día fue restablecido el estado de sitio.
La movilización de las dirigencias políticas y sindicales creó malestar en el ámbito militar. En octubre, se inició una conspiración en la Guarnición de Campo de Mayo, encabezada por su comandante, el General Ávalos, quien el día 9 exigió públicamente la dimisión de Perón a todos sus cargos y su procesamiento.
Cuatro días después, Farrell designó al General Ávalos ministro de Guerra. Perón fue deportado a la Isla Martín García y detenido bajo la vigilancia de la Marina de Guerra.
Poco tiempo necesitaban los sectores ya definitivamente peronistas para organizar un movimiento popular, con apoyo militar y policial, que lograra el retorno de su líder.
El 17 de octubre, nutridas columnas de trabajadores emprendieron la marcha sobre el centro de Buenos Aires desde la zona suburbana; se concentraron en la Plaza de Mayo y solicitaron la libertad y el regreso de Perón.
El inesperado apoyo popular condujo al gobierno a disponer su libertad, instándolo a abandonar la función pública y a afrontar la lucha electoral en elecciones libres, controladas por el Ejército. 

1946:
El 24 de febrero de 1946, en elecciones inobjetables, triunfó la fórmula Perón-Quijano con un total del 55% de los electores.
Perón había logrado atraer a sectores del radicalismo y del conservadorismo. Tenía el apoyo de gran parte del Ejército, de la Iglesia y de grupos de industriales que esperaban una importante protección del Estado para sus actividades. Pero también lo apoyaba una numerosa masa popular: eran los nuevos sectores urbanos de obreros industriales, que se integraron en un reagrupamiento político con capacidad para oponerse a los partidos tradicionales.
El 4 de junio, asumió la presidencia como General de Brigada, merced a un decreto del 29 de mayo que lo había reintegrado al servicio activo y ascendido al grado inmediato superior. El 1 de mayo de 1950, el Senado ascendió al Presidente al grado recientemente creado de General de División.
El primer mandato de Perón (1946-1952) constituyó una época de expansión y modernización de las Fuerzas Armadas. Tuvo lugar una verdadera reforma militar, orientada por la Doctrina de Defensa Nacional.
En junio, cuando se cumplía el primer mes de su gobierno, se creó la Oficina de Inteligencia, destinada a coordinar las actividades de esa área de la conducción en las Fuerzas Armadas. 

1947:
El 12 de junio de 1947, el Congreso dictó la ley Nro. 12.987, que aprobaba el plan siderúrgico argentino y la constitución de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), de conformidad con las aspiraciones de los especialistas del Ejército.
El General Manuel Savio fue el inspirador del plan siderúrgico y de la creación de SOMISA, que incluía el establecimiento, en 1951, de una planta integral, en la que el Estado tendría el 80% de las acciones.
La ley confiaba la ejecución del primer plan argentino de producción de hierro y acero a una repartición militar: la Dirección General de Fabricaciones Militares, de la cual Savio era director.
A instancias de ese oficial se llevaron a cabo otros emprendimientos como, por ejemplo, la instalación de una fábrica de cañones, una de ametralladoras y otra de municiones. 
SOMISA fue aprobada por el Congreso recién en 1955 y la primera colada de arrabio fue en 1961. El General Savio, quien fuera el primer presidente de esa sociedad, había fallecido antes de ver en marcha a su creación.
Entre las medidas que se adoptaron en 1947, tendientes al mejoramiento de la situación económica y social del personal militar, figuraban las numerosas disposiciones que permitieron elevar el ingreso a las diferentes armas.
El rápido aumento de los sueldos del personal fue uno de los incentivos que posibilitaron mayor afluencia de postulantes. Otro fue la creación de una obra social propia.
Perón buscó el apoyo de la suboficialidad con la intención de democratizar a largo plazo los cuadros del Ejército. Por una ley de ese año, destinada a facilitar el acceso de los hijos de suboficiales a los liceos militares, reservaba el 50% de las vacantes existentes en los establecimientos a los "hijos de obreros, de suboficiales y de empleados", becados por el gobierno. Con ella se daba apertura al reclutamiento de oficiales de extracción social más baja, en los que el régimen tenía una sólida base.
A partir de 1947, oficiales y suboficiales compartían la intuición de que el gobierno se encaminaba a suprimir las barreras sociales que los separaban hasta entonces. 

1948:
Las reformas en ese sentido culminaron en 1948 con el otorgamiento del derecho de voto a los suboficiales, quienes hasta entonces, por la ley Sáenz Peña, eran asimilados a los soldados y quedaban, en consecuencia, excluidos del cuerpo electoral.
El 7 de septiembre de 1948, se sancionó la ley llamada "De organización de la Nación para tiempo de guerra", que fortalecía el poder del jefe de Estado y facilitaba las requisiciones de personas y bienes en tiempos de paz. 

1949:
Se creó el Ministerio de Defensa, del que pasaron a depender las secretarías de las tres Fuerzas.
A partir de 1949, el período de expansión económica se agotó y se inició una etapa de estancamiento: bajaron las reservas, el mercado de trabajo se sobresaturó y disminuyó la demanda de mano de obra.
La inflación se convirtió en un indicador preocupante.
El presupuesto de Defensa bajó ese año un 24,9% . 

1950:
Para entonces, los gastos militares habían comenzado a decrecer rápidamente; de todas maneras, el nivel alcanzado no tuvo precedentes en la historia argentina.
Entre 1950 y 1954, la participación de los gastos de defensa en el P.B.I. argentino fue superior al 3%, contra el 2% promedio en toda Sudamérica. Nuestro país encabezaba así a los países latinoamericanos en ese renglón.
Durante ese período, Perón había incrementado la cantidad de oficiales superiores, con un aumento de un 50% de generales y coroneles. Este incremento no se extendió a las restantes jerarquías, creando una estructura de mandos desequilibrada.
Siete años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el Ejército contaba con casi 80.000 hombres: 77.432 de tropa y 5.520 oficiales.
Las promociones de oficiales del Colegio Militar continuaban siendo numerosas: en 1950 egresaron 285 subtenientes (en 1948 fueron 286). 

1951:
El Ejército continuaba siendo uno de los sostenes del régimen, con una participación directa en el poder de un número considerable de oficiales, retirados o en actividad. En 1951, de los 21 ministros o secretarios, 6 eran militares y de los 24 gobernadores, lo eran 8.
Se creó el Consejo Federal de Seguridad, destinado a coordinar las actividades de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Marítima bajo el control del Ministerio del Interior, apartándolas así del Ejército y de la Armada respectivamente.
El 12 de febrero de 1951, el carguero "Santa Micaela" partió desde el puerto de Buenos Aires con rumbo a Bahía Margarita, en la Antártida Argentina. Culminaba una etapa de trabajos mediante los cuales el Ejército proyectaba instalar una estación científica que, con el tiempo, sería la base más austral del mundo. La dotación fundadora estaba integrada por el Coronel Hernán Pujato, Capitán Julio Mottet, Teniente farmacéutico Luis Roberto Fontana, Suboficial Ayudante Haroldo Riella, Cabo Mayor Lucas Serrano, Cabo Mayor Hernán González Superí, doctor Ernesto Gómez, Ángel Abregú Delgado y Antonio Moro. Completaban los efectivos 25 soldados que se habían presentado como carpinteros voluntarios para construir las instalaciones. El 5 de marzo, la expedición cruzó el Círculo Polar y, el 8, el "Santa Micaela" fondeó en Bahía Margarita. El 21 de marzo, fueron bendecidas la instalaciones de la Base "General San Martín" por el sacerdote salesiano RP. Juan Monticelli. Quedaba así establecida la primera base permanente del Ejército en nuestro sector antártico.
Por otro lado, la grave crisis económica, que se agudizó entre 1951 y 1952 (por pérdida de cosechas y baja de los precios mundiales, descenso de las exportaciones y déficit de la balanza de pagos), provocó cambios en la política del gobierno peronista.
Debió frenar la distribución de bienes y replantearse el tema de la productividad y los salarios. Se acentuó el poder personal del Presidente y recrudeció entonces la oposición, que comenzó a ser acallada con severidad. La inquietud social crecía y era compartida por el Ejército.
Si bien había aumentado el número de oficiales superiores y se habían incrementado los sueldos, limitó la cantidad de tropa y el presupuesto general de las Fuerzas Armadas; medidas que en conjunto redujeron su capacidad operativa.
El 28 de septiembre de 1951, se produjo el primer alzamiento militar. El General (R) Benjamín Menéndez, con algunos oficiales de Caballería, se sublevó en Campo de Mayo. Las fuerzas que encabezó contaban con un destacamento de 200 hombres, tres tanques y el apoyo de algunos aviones de la Aeronáutica y de la Aviación Naval.
Sin embargo, el descontento militar era muy superior a lo que ese pequeño número de tropa rebelde podía significar; otros oficiales superiores, en forma simultánea, mantenían contacto con los dirigentes políticos de los principales partidos opositores.
El levantamiento fue desarticulado; 177 oficiales fueron arrestados y otros 200, separados de la Fuerza.
La rebelión improvisada no perjudicó al régimen, pero afectó sensiblemente las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. El 28 de septiembre, fue decretado el estado de guerra interna en todo el territorio de la Nación.
Con la reforma de la Constitución Nacional y el triunfo oficialista en las elecciones de ese año, la oposición, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, se fortaleció, entendiendo que el peronismo se eternizaría en el poder.
La manifiesta fidelidad política de quienes ocupaban en el Ejército las más altas jerarquías no condecía con la posición de los cuadros intermedios de oficiales subalternos.
Se implementaron cursos de doctrina peronista en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra, que fueron resistidos. Recién en 1954, se los hizo obligatorios y requisito insoslayable para el ascenso a Coronel. 

1952:
En febrero de 1952, fue abortada otra conspiración encabezada por el Coronel (R ) Francisco Suárez. Este nuevo intento contra el poder constituido dio lugar, en abril de ese año, a la Orden General del Ejército Nro 1, llamada Control de Estado, a través de la cual, en lo sucesivo, sólo podrían acceder a puestos de mando en el Gran Buenos Aires los oficiales de probada adhesión al justicialismo. 

1953:
Hacia comienzos de 1953, las relaciones entre el poder y la oposición se habían tornado violentas. Una escalada de terrorismo y represalias se desataba entre el temor y la indignación. Así, el 15 de abril de ese año, un comando antiperonista llevó a cabo una serie de atentados con bombas contra los asistentes a un acto gremial en la Plaza de Mayo; hubo 7 muertos y numerosos heridos. El gobierno respondió con un contraterrorismo simbólico, no sangriento: grupos bien organizados incendiaron el Jockey Club y sedes del Partido Socialista, de la Unión Cívica Radical y del Partido Conservador.
Se iba profundizando, paulatinamente, el control sobre todas las instituciones del país. En el Ejército se concretó con el apoyo del ministro de Defensa, General Franklin Lucero y del Contralmirante Alberto Teissaire, en la Armada. 

1954:
La Iglesia, por su parte, había mantenido desde un principio vínculos cordiales con Perón. Recién en 1954, dos hechos marcaron el comienzo de la confrontación: 
-La formación del Partido Demócrata Cristiano como nueva alternativa política.
- La manifestación, el 21 de septiembre, en Córdoba, del Movimiento Católico de Juventudes, percibida como una franca competencia con las organizaciones juveniles peronistas.
De ahí, el conjunto de medidas con las que en diciembre respondió el gobierno:
-Supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas.
-Prohibición de realizar actos de culto en las calles.
-La ley de divorcio vincular. 

1955:
En 1955, Perón propuso la separación de la Iglesia del Estado.
Ya en los primeros meses de ese año, el clima político se había enrarecido totalmente: amenazas, delaciones, persecuciones a sospechosos. El temor a un levantamiento armado se había generalizado.
El 11 de junio, la manifestación de Corpus Christi se transformó en un acto político-religioso frente a la Catedral. Se habían aglutinado en ella representantes de todas las fuerzas opositoras, que expresaron abiertamente su descontento y fueron señalados por la policía como protagonistas de desmanes.
Tres días después, fueron expulsados del país dos prelados argentinos, los monseñores Tato y Novoa. Casi de inmediato, el Vaticano procedió a excomulgar a los miembros del gobierno responsables de ese acto.
El 16 de junio, se concretó un cruento levantamiento militar de la Marina encabezado por el Contralmirante Samuel Toranzo Calderón con el auxilio de algunos sectores de la Fuerza Aérea y del General León Bengoa, comandante de la IIIra División del Ejército, además del de tres líderes políticos que habían acordado apoyar el movimiento: Adolfo Vicchi, dirigente del Partido Conservador; Américo Ghioldi, del Partido Socialista, y Miguel Zavala Ortiz, de la Unión Cívica Radical, sector unionista.
La rebelión consistía en un ataque de la aviación naval sobre la Casa de Gobierno coordinado con otro por tierra de un batallón de Infantería de Marina y la toma de emisoras de radio por otros grupos rebeldes.
Se realizaron dos bombardeos sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, de la Aviación Naval primero y de la Fuerza Aérea después, que sorprendieron trágicamente a una muchedumbre desprevenida. Las cifras oficiales de muertos superaban los 300 mientras que los heridos se calculaban en 600, entre civiles que circulaban por el lugar y obreros congregados en un acto partidario.
Supuestamente, los revolucionarios a último momento habían decidido aplazar el movimiento, pero la orden no había llegado a tiempo a la Base Aeronaval de Punta Indio.
En la misma jornada, tropas leales recuperaron el control de los aeropuertos de Ezeiza y Morón y, alrededor de las 18.00 horas, lograron la rendición de los sublevados.
Los jefes fueron apresados y sometidos a un juicio acelerado.
El jefe de la Infantería de Marina, el Vicealmirante Benjamín Gargiulo, se suicidó en su despacho. Después del fracaso, aterrizaron en el Uruguay 39 aviones y fueron dados de baja 25 oficiales del Ejército y 81 de la Marina. Se declaró el estado de sitio. Al finalizar la tarde de ese día, grupos peronistas, que operaban sin ser detenidos por la policía, incendiaron y saquearon varias iglesias del centro de Buenos Aires y la Curia Metropolitana.
El Presidente, midiendo la gravedad de los acontecimientos, buscó apaciguar los ánimos e intentó apelar a la oposición a través de medidas pacificadoras. El régimen, dividido y presionado por la opinión pública, había perdido el apoyo de la Iglesia, del poder económico y del militar.
En esos momentos, Perón intentó un acercamiento con la Iglesia: hizo reparar los templos y retiró de sus funciones a quienes habían demostrado una abierta actitud anticlerical; destituyó al ministro del Interior Ángel Borlenghi, al de Educación Méndez San Martín y al secretario de Prensa Raúl Apold. Ingresaron entonces al gobierno algunos moderados; convocó a la unión nacional, levantó el estado de sitio, suprimió la censura y otorgó espacios en las radios a opositores. Sin embargo, los dirigentes políticos no desistieron en su crítica tenaz al régimen. A fines de agosto, la tregua política había terminado. El clima combativo se acentuó y tanto el gobierno como la oposición apelaron nuevamente a una confrontación violenta.
Fue definitorio un encendido discurso que el Presidente pronunció el día 31 ante una multitud congregada en la Plaza de Mayo.
Con un lenguaje agresivo, de un tenor jamás usado, arengó a la población prometiendo responder a una acción violenta con otra más violenta aún.
Se renovaron entonces las deliberaciones secretas entre militares y civiles. La conspiración que venía gestándose simultáneamente en distintos sectores comenzó a movilizarse entre militares con el apoyo de civiles de todas las fuerzas políticas opositoras y de agrupaciones de estudiantes universitarios.
La participación de la Marina fue mayoritaria. Entre los oficiales que iniciaron el complot se hallaba el Capitán de Navío Rial. En el Ejército se analizaban los planes de acción del Coronel Señorans y del Mayor Guevara. El General Pedro Eugenio Aramburu se había puesto en contacto con algunos oficiales de Artillería de Córdoba, entre los que se contaba el General (R) Eduardo Lonardi.
El 2 de septiembre, el General Dalmiro Videla Balaguer, comandante de la IVta Región Militar, en un intento aislado, se sublevó en Río Cuarto, pero fue derrotado.
El día 14, ante la certeza de que el estallido sería inminente, fueron detenidos 55 oficiales.
El movimiento, bajo el nombre de "Revolución Libertadora", se inició finalmente a la una de la madrugada del 16 en Córdoba Estaba encabezado por el General Lonardi, quien se decidió a actuar en esa oportunidad por dos razones esenciales: los conscriptos serían licenciados a fines de septiembre, de manera tal que no se contaría a partir de entonces con tropas operacionales y, por otra parte, se temía la organización de milicias obreras, según lo había propuesto la Confederación General del Trabajo al General Lucero.
Con el apoyo del Coronel Ossorio Arana y un grupo de oficiales, los rebeldes tomaron la Escuela de Artillería y la de Paracaidistas.
Después de una sostenida resistencia, se plegó la Escuela de Infantería.
El Capitán de Fragata Palma había coordinado secretamente las operaciones con el General Lonardi, de modo tal que a las 00.00 horas del mismo día se sublevaron la base naval de Río Santiago, próxima a La Plata, y la de Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca, con la participación de aproximadamente 60 oficiales del Ejército. Las fuerzas revolucionarias de la Armada quedaron bajo las órdenes del Contralmirante Isaac Rojas. Sin embargo, la acción de las fuerzas leales del Regimiento 7 de Infantería, con asiento en La Plata, y del Regimiento de Artillería Montada de Azul hicieron que Rojas ordenara, el día 17, la evacuación masiva de Río Santiago.
Las guarniciones cercanas a la Capital Federal permanecían bajo el control del gobierno.
Las fuerzas a las órdenes del General Aramburu y su Estado Mayor, el Coronel Señorans y el Teniente Arias Duval, intentaron tomar la guarnición correntina de Curuzú Cuatiá, asiento de la mayor unidad blindada del país. Pero no lograron superar la defensa sostenida del cuadro de suboficiales leales, que las rechazaron.
La situación militar de los sublevados era incierta, las unidades de Córdoba estaban sitiadas; en Cuyo, las tropas al mando del General Lagos habían quedado sin poder salir de Mendoza; en el Litoral, la conspiración había fracasado. Tropas leales, a las órdenes del General Iñíguez, con 10.000 hombres, tomaron el aeropuerto cordobés de Pajas Blancas.
Una drástica decisión del Comando en Jefe de la Armada, de consecuencias políticas y económicas trascendentes, modificó el curso de los hechos. El día 19, la Flota de Mar bombardeó las destilerías de Mar del Plata y amenazó a las de La Plata y a objetivos militares de la Capital. Lanzó luego un ultimátum al gobierno nacional. Se supo en esas circunstancias que Perón había delegado el poder en el Ejército. El General Lucero anunció un alto el fuego y el comienzo de negociaciones.
A bordo del crucero "La Argentina" se efectuaron las deliberaciones; algunos términos confusos del Presidente prolongaron las conversaciones hasta el día 20, fecha en la que la Junta de Generales aceptó su renuncia incondicional.
El General Perón se exilió en el Paraguay. El día 23, el General Lonardi asumió la presidencia con carácter provisional; la vicepresidencia quedaba a cargo del Contralmirante Rojas. 

FUENTE: EJERCITO ARGENTINO

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